EN MANOS DEL CONGRESO, OPORTUNIDAD HISTÓRICA DE RECONSTRUIR LA CONFIANZA EN LA AUTORIDAD ELECTORAL: CCRE

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• El CCRE reconoce reformas importantes a la legislación electoral
• Queda pendiente la reducción en el financiamiento ordinario
• Fueron omisas en fortalecer las atribuciones de los consejos locales y distritales que tienen un papel central en la organización de las elecciones
• Reprobamos enérgicamente que se traspasen votos a los partidos que apenas alcancen una votación de 1 %
• Los partidos no pueden traficar con los votos y alterar la voluntad expresada en las boletas
• Afectan la calidad ciudadana y autónoma del IFE las limitaciones impuestas al Consejo General
• El crimen organizado amenaza a todo el sistema electoral del país
• El proceso de selección de consejeros electorales ha estado plagado de descuidos y falta de responsabilidad de algunos diputados y diputadas.
• No han sabido ejercer su encomienda de manera imparcial, suficientemente informada y exenta de intereses meramente partidistas
• En diversos aspectos, se han cometido violaciones a los derechos de los ciudadanos que participaron en el proceso.
• Por ello, es riesgoso el método de insaculación entre los 39 candidatos y candidatas que pasaron a la tercera fase del procedimiento.
• Se requiere un nuevo Consejo General con gran fuerza y calidad moral, con consejeros que tenga peso propio y no derivado de sus nexos con los grupos de poder
• Los partidos en el Congreso todavía tienen la oportunidad histórica para reponer la confianza perdida en la autoridad electoral.

Desde el Comité Conciudadano para la Reforma Electoral (CCRE) realizamos a continuación un balance general de la reciente reforma donde buscamos destacar los avances, las insuficiencias y los riesgos de las nuevas disposiciones legales que regirán el sistema electoral de nuestro país. Este balance lo realizamos desde la mirada de los derechos políticos de los ciudadanos, mismos que hemos tratado de defender a través de nuestras actividades y posicionamientos.

De la relación con los medios de comunicación

Sin duda celebramos los importantes cambios legales respecto del uso de tiempos en los medios de comunicación para las campañas electorales. La prohibición para que los partidos políticos puedan contratar o adquirir por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión responde a una sentida exigencia ciudadana. Asimismo, la decisión de limitar la difusión de la propaganda política y de los partidos políticos, solamente a los tiempos que corresponden al Estado en radio y televisión, administrados por el Instituto Federal Electoral, impactará el monto total de los recursos públicos que se destinan a los procesos electorales y constituye un importante ingrediente para alcanzar mayor equidad en las contiendas.

También consideramos un acierto la suspensión de la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de las respectivas jornadas electorales.

El Comité no detecta atentado alguno contra la libertad de expresión, en contraste con lo que se difundió en el momento de la aprobación de la reforma y con los intentos recientes de promoción de amparos por organismos empresariales y algunos miembros de la comunidad de intelectuales. Por el contrario, este derecho se ve ahora ampliado con las nuevas disposiciones constitucionales que garantizan el derecho de réplica que genere la libre manifestación de las ideas y entiende que dicha determinación deberá abonar en la construcción de una democracia más equitativa.

Del financiamiento a los partidos y campañas

En cuanto al financiamiento a los partidos políticos, el Comité encuentra en la reforma avances en la reducción tanto del financiamiento privado autorizado a los partidos, como en el uso de recursos públicos para efectos de las campañas políticas.

Sin embargo, queda pendiente la reducción en el financiamiento ordinario, o sea el dinero que reciben los partidos políticos para sus actividades cotidianas como son los salarios a los dirigentes y trabajadores, la renta de sus oficinas, entre otras. Este tipo de financiamiento no sólo no se reduce, sino que con la aplicación de la fórmula incorporada en la Constitución con la reforma, este financiamiento aumenta.

Al realizar una proyección a 10 años del financiamiento a los partidos políticos de acuerdo a las nuevas disposiciones, el Comité Conciudadano detecta que el ahorro real será de sólo el 11 por ciento, por lo que no considera que se trate de un ahorro importante que efectivamente responda a la demanda de ciudadanos y organizaciones civiles para reducir el gasto total de los partidos y las campañas en un 50 por ciento. El Comité considera que seguiremos pagando un alto costo por las actividades de los partidos políticos y de los procesos electorales.

De las coaliciones

En cuanto a las nuevas disposiciones legales en materia de coaliciones, el CCRE estima que es un avance obligar a los partidos políticos a aparecer en las boletas electorales con emblemas separados. Se trata en varios casos, de partidos políticos que se han beneficiado de recursos públicos por más de 20 años, sin que hayan probado contar con un respaldo ciudadano que justifique su presencia en las contiendas electorales. Tampoco algunos de ellos, han sido ejemplo de prácticas ni democráticas, ni transparentes en su gestión.

En consecuencia, reprobamos enérgicamente la decisión aceptada en la legislación de traspasar votos a los partidos políticos que alcancen una votación por encima del 1 por ciento, pero no logren obtener el 2 por ciento  necesario para que puedan conservar su registro. Consideramos que los partidos políticos no deben traficar con los votos de los ciudadanos y alterar la voluntad expresada en las boletas por cada votante, pues se trata de una violación a los derechos políticos de los electores.

De la fiscalización de los gastos

Para el CCRE es también un avance importante el eliminar el secreto bancario, fiduciario y fiscal para que el IFE pueda realizar la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos.

Sin embargo, en la Reforma se eliminó la Comisión de Fiscalización del Consejo General y ahora la fiscalización de los recursos de los partidos políticos recaerá en un Órgano Técnico de Fiscalización que cuenta con autonomía de gestión, aunque dependa del Consejo General. El CCRE considera indispensable que se involucre a los Consejeros Electorales en los procesos deliberativos de dicha unidad. De lo contrario, va a resultar sumamente complejo que el Consejo General pueda imponer, en su caso, las sanciones sin conocer con la anticipación y profundidad suficientes, los dictámenes que se le presenten.

De la organización en comisiones del Consejo General

Para el Comité Conciudadano las limitaciones impuestas a los Consejeros Electorales del Consejo General para organizarse en comisiones y para relacionarse con la estructura profesional del Instituto, afectan la calidad ciudadana y autónoma del IFE. Las nuevas disposiciones limitan a tres consejeros la integración de las comisiones, les prohíbe participar en más de dos comisiones, establece presidencias rotativas de las mismas, permite la participación de representantes de los partidos y del Poder Legislativo en las comisiones y elimina la participación de las direcciones ejecutivas en la función de secretarías técnicas de las comisiones. Con estas disposiciones se pone en riesgo la credibilidad de la institución que precisamente se había ganado a partir de su carácter ciudadano y del papel de vigilancia y supervisión que ejercían los Consejeros Electorales en todos los trabajos del IFE por vía de las Comisiones.

El CCRE considera que la elección recientemente realizada por el Consejo General del IFE del responsable del Órgano Técnico de Fiscalización, así como la integración de las comisiones permanentes y la designación de sus presidentes sin que hubiese concluido el nombramiento de los nuevos consejeros electorales, muestra una clara falta de prudencia del actual Consejo General respecto de decisiones fundamentales para la vida del Instituto.

De la ausencia de disposiciones para fortalecer a los consejos locales y distritales

Por el contrario, el CCRE proponía fortalecer las facultades y atribuciones de los consejos electorales que, debemos recordar, garantizan la presencia ciudadana en la organización y vigilancia del proceso electoral, especialmente de los consejos locales y distritales que muchas veces se ven imposibilitados de intervenir oportunamente para frenar violaciones a la legislación electoral y generar condiciones equitativas en las contiendas. Es al nivel de los consejos distritales que se revisan las actas y en su caso, se recuentan los votos emitidos en las casillas.

Las nuevas disposiciones dejan intactas las facultades y atribuciones de los consejos locales y distritales. Un factor importante de la desconfianza suscitada en la pasada elección presidencial deriva de la gran centralización de las decisiones, que conlleva una falta de oportunidad para tomarlas y aplicarlas en los 300 distritos electorales en los momentos en que son necesarias y útiles.

De la contraloría general del IFE

Si bien el CCRE reconoce la importancia de la rendición de cuentas en todos los cargos y las dependencias públicas, especialmente en los órganos constitucionales autónomos, no comparte la solución planteada en la reforma electoral al establecer que el titular de la Contraloría General del Instituto Federal Electoral sea designado por la Cámara de Diputados. Esta nueva disposición invade la autonomía del IFE ya que el encargado de resolver las quejas planteadas contra los funcionarios y servidores públicos de la institución es nombrado, y en su caso reelecto o removido, precisamente por los diputados de los grupos parlamentarios de cada partido político, que son precisamente los sujetos al “arbitraje” del IFE.

El tema de falta de claridad en los mecanismos de rendición de cuentas de los órganos autónomos es generalizado y resulta preocupante que sea precisamente para el IFE, que el Congreso adopte una decisión como la descrita. Aunque se establecen algunas disposiciones que pretenden salvaguardar la independencia y autonomía de la institución, como es que en caso de faltas graves cometidas por los Consejeros Electorales del Consejo General, el Contralor integrará un expediente que someterá a consideración de la Cámara de Diputados. Es razonable pensar que los grupos parlamentarios pueden generar temor al ejercicio libre de la función electoral por medio del Contralor General.

Del nombramiento de los Consejeros Electorales

El Comité Conciudadano reconoce el avance que significó la inclusión en la reforma constitucional de la previsión de una amplia consulta social para nombrar al Consejero Presidente del Consejo General del IFE y a los nuevos consejeros del IFE.

Sin embargo, desde la perspectiva del Comité Conciudadano en la aplicación por primera vez del procedimiento de convocatoria pública, el proceso ha estado plagado de descuidos y de falta de responsabilidad de algunos diputados y diputadas. Lo que podemos observar es que los integrantes de la Comisión de Gobernación y de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados no han sabido ejercer su encomienda de manera imparcial, suficientemente informada y exenta de filias y fobias, para proponer al pleno a las personas que participarán en el arbitraje de las contiendas electorales.

Desde la primera depuración de la lista de aspirantes detectamos con preocupación que se dejaron fuera a personas que cumplen los requisitos establecidos en la convocatoria. El Comité Conciudadano formuló una petición a la Cámara de Diputados el pasado 5 de diciembre para que se nos informara de los criterios aplicados en la primera depuración de candidatos en donde incluimos la sugerencia de que se notificara a cada uno de los candidatos rechazados las razones para no considerarlos en las fases siguientes del proceso, tomando en cuenta que habían realizado un gran esfuerzo para reunir la documentación solicitada y que en varios casos, se habían trasladado a la ciudad de México para entregarla.

A este respecto el Comité recibió respuesta en carta fechada el 6 de diciembre de 2008 en donde el diputado presidente de la Comisión de Gobernación, nos responde lo siguiente: “Los criterios se reducen a determinar que los candidatos cumplan con los requisitos establecidos en el Artículo 76, numeral 1, incisos a) a la j), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y punto primero y segundo de la Convocatoria para la Integración del Consejo Electoral del Instituto Federal Electoral de 20 de noviembre de 2007”., para señalar a continuación que los que requirieron valoración son los relativos a: “poseer título profesional o formación equivalente, tener conocimiento en la materia político-electoral y el ensayo sobre la aplicación de la Reforma Constitucional en Materia Electoral”.

Nos parece evidente que existe una clara confusión entre lo que son criterios de evaluación y requisitos establecidos en la convocatoria. Queda pues en la oscuridad cómo y con qué criterios valoraron los requisitos establecidos en el Código y la convocatoria.

Respecto de los 106 aspirantes que pasaron a la siguiente etapa, el Comité Conciudadano observó que recibieron un trato diferenciado por parte de los cuatro grupos de diputados y diputadas encargados de entrevistarlos. En algunos casos fueron descorteses y agresivos con algunos de los y las postulantes. Asimismo fue notable la ausencia de diputados y diputadas en las rondas finales donde en varios casos las entrevistas se llevaron a cabo con la presencia de sólo dos legisladores. Por ello no todas las calificaciones resultaron consistentes con respecto de la percepción pública y comprobable del nivel de conocimiento, experiencia, independencia y calidad moral de varios de los candidatos y candidatas entrevistados.

El procedimiento de evaluación de los aspirantes se fue deteriorando y en las dos fases principales del mismo, fueron los candidatos que se registraron el último día de la convocatoria, los que resultaron más afectados por la falta de uniformidad y responsabilidad en la aplicación de los criterios de selección.

Con todo ello y a pesar del número y calidad de los ciudadanos que se inscribieron y que demostraron plenamente que en todo el país existen muchas personas con la capacidad, la calidad moral y el conocimiento para ejercer la función de la más alta autoridad electoral, el comportamiento de los partidos políticos representados en el Congreso, redujo sensiblemente las posibilidades de contar con varios candidatos viables para la selección final.

El CCRE considera lo ocurrido como una violación a los derechos de los ciudadanos que decidieron participar en este proceso.

Existe el riesgo de que la selección final privilegie candidatos incondicionales a los partidos políticos, por sobre candidatos independientes, imparciales y reconocidos.

Dada la poca certeza de la calidad de las calificaciones asignadas a los aspirantes, vemos riesgosa la propuesta de utilizar un procedimiento de insaculación entre los 39 candidatos y candidatas que pasaron a la tercera fase del procedimiento.

El Comité Conciudadano ve con suma preocupación la evidente violación a la Constitución resultante de haber pospuesto la selección de los tres nuevos consejeros que serían nombrados a partir del 14 de diciembre, así como a los consejeros que junto el entonces presidente del Consejo, saldrían del mismo.

Hace un llamado a los diputados y diputadas para que resuelvan cuanto antes la crisis constitucional en la que nos encontramos. Asimismo, exhortamos al Consejero Presidente Provisional y a los Consejeros Electorales para que reconsideren seriamente su permanencia en el Consejo General del IFE.

El Comité considera que entre los ciudadanos y ciudadanas que se registraron como candidatos para ocupar las posiciones de consejeros del IFE, existe una buen número de personas que cuentan con una trayectoria profesional con pruebas de conducta ética, probidad, imparcialidad y apego a la ley, además de una sólida experiencia y conocimiento en materia electoral e independencia respecto de los partidos políticos y de otros grupos que detentan y buscan el poder en nuestro país.

Oportunidad histórica única para elegir consejeros electorales confiables

Consideramos que los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados, tienen una oportunidad histórica única en la elección de los nuevos y nuevas integrantes del Consejo General del IFE para reponer la confianza perdida en la autoridad electoral y garantizar que los procesos electorales sean equitativos y exista certeza, imparcialidad y confianza de que el voto de los ciudadanos se contará y se contará bien.

Requerimos de un Consejo Electoral formado por personas con calidad moral demostrada, reconocimiento público por su trayectoria profesional y ciudadana, compromiso con la democracia y capacidad probada para enfrentar de manera imparcial y colocando el interés general por sobre los intereses particulares, los crecientes riesgos que observamos en los procesos electorales en el país.

Riesgos presentes en los procesos electorales

Si bien la reforma electoral reduce el peso de la intervención de las empresas de medios de comunicación en los procesos electorales, no avanzó en medidas que prevengan el uso de dinero público y privado o de amenazas de distinto tipo a los votantes para inducir su voto en favor de uno u otro candidato. Estamos seguros que un mayor volumen de recursos derivados de los grupos políticos y de los intereses fácticos se destinarán en el futuro hacia la compra y coacción del voto ciudadano ante la gravedad de los niveles de desigualdad y ausencia de ciudadanía social que prevalecen en el país. El riesgo de utilización de los recursos y programas sociales con fines electorales se observa tanto al nivel federal, pero particularmente por parte de gobiernos estatales y municipales exentos de cualquier tipo de vigilancia y rendición de cuentas.

Como ocurrió recientemente en Tamaulipas y Michoacán la presencia del crimen organizado en el financiamiento de campañas, en el condicionamiento de candidatos e incluso, en el asesinato de aquellos que pretendan contender fuera de sus redes de dominio, es un fenómeno que amenaza a todo el sistema electoral del país.

La reforma tampoco previó mecanismos para evitar que los partidos y los intereses fácticos puedan penetrar y apoderarse de las estructuras de organización y capacitación electoral. Incluso algunos de los 39 candidatos que lograron pasar a la ronda final para consejeros electorales, tienen claros vínculos e incluso militancia en partidos políticos o están fuertemente relacionados con grupos políticos dentro de los partidos.

El CCRE detecta el riesgo creciente de que grupos de interés político, sindicatos, políticos locales, gobernadores y presidentes municipales inserten a sus representantes en los consejos locales y distritales, penetren las estructuras de organización y capacitación de los procesos electorales, coloquen funcionarios de casilla que respondan a sus intereses e incluso, entren al servicio profesional de carrera. Las sustituciones de funcionarios de casilla por la renuencia de la población a participar, son un mecanismo que facilita la incorporación interesada de representantes de esos poderes.

Enfrentar estas nuevas realidades demanda de un nuevo Consejo General con gran fuerza y calidad moral, en donde cada uno de sus integrantes tenga peso propio y no derivado de sus nexos con los grupos de poder y que en conjunto, tengan la capacidad de concitar el respaldo y la confianza de los ciudadanos y ciudadanas, así como de los partidos políticos.

Sólo así los grupos parlamentarios contribuirán realmente a la reconstrucción de una institucionalidad electoral que nos permita confrontar la cultura del autoritarismo y la subordinación para avanzar en la efectiva realización de los derechos políticos de los ciudadanos y ciudadanas de México. 

John Ackerman, Sergio Aguayo Quezada, Hugo Almada, Jorge Alonso Sánchez, Silvia Alonso, Rubén Alonso, Ivabelle Arroyo, Alberto Aziz Nassif, Miguel Basáñez, José Bautista, Kristian Bernal, Miguel Bazdrech, Roy Campos, Jesús Cantú, Augusto Chacón, Miguel Concha Malo, José Antonio Crespo, Eréndira CruzVillegas, Oscar de los Reyes, Denise Dresser, Yolanda Elías Calles, Alfredo Figueroa, María Fernanda Gálvez, Rogelio Gómez Hermosillo, Daniela Griego, Octavio Hernández Lara, Ernesto Isunza, Francisca Jiménez, Clara Jusidman, Flavio Lazos, Marcos Leyva, Juan José López, Cristina Martin, María Isabel Martínez Rocha, Irma Rosa Martínez, Alberto Olvera, Joaquín Osorio, Carlos Pérez, Jaime Preciado, Rosa María Rubalcava, Ana Saiz, Gabriel Sánchez, Irma Eréndira Sandoval, Rodrigo Salazar, Isabel Sepúlveda, Brisa Solís, Enrique Valencia, Elio Villaseñor.

Academia Morelense de Derechos Humanos, A.C., Alianza Cívica, A.C., CENCOS, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, A.C., Educa - Oaxaca A.C, Incide Social, A.C., Matraca, A.C., No Grupo de Jalisco, Presencia Ciudadana Mexicana, A.C., Red por la Participación Ciudadana, A.C.

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