Pronunciamiento

Rechazo a las presiones de los empresarios

de la radio y televisión

Avancemos en la reforma electoral y en la de medios de comunicación

Ciudadanas, ciudadanos y organizaciones civiles

A la Opinión Pública:

· Reconocemos los avances en la reforma electoral para cambiar la relación entre medios, dinero y partidos.

· Rechazamos las campañas agresivas y difamatorias de las empresas de radio y televisión en contra del Congreso.

· Proponemos profundizar las reformas en materia electoral y de radio, televisión y telecomunicaciones para avanzar en la democracia.

· Pugnamos por un nuevo modelo de relación y comunicación entre los poderes constitucionales y la ciudadanía.

Un grupo de ciudadanos y ciudadanas y sus organizaciones, reconocemos que en los recientes cambios constitucionales aprobados por el Congreso en materia electoral, existen avances importantes para evitar el desproporcionado gasto en publicidad de las campañas electorales.

Consideramos un acierto la decisión de que la difusión de las campañas se realice sólo en los tiempos oficiales, que se prohíba la compra por terceros de tiempos para campañas políticas y se legisle para despersonalizar la publicidad que realizan los funcionarios y servidores públicos con recursos del presupuesto.

La reforma electoral propuesta contiene un nuevo modelo de relación entre los partidos políticos y los medios de comunicación electrónicos. El punto fundamental de esta reforma, es la prohibición total para adquirir tiempo en radio y televisión para fines de propaganda electoral. Esta prohibición no afecta la libertad de expresión, ya que esa libertad no depende de comprar espacios en los medios de comunicación, ni se garantiza por no comprarlos.

El reto en materia de libertad de expresión, consiste en generar las condiciones de acceso y las garantías para la participación en los medios de comunicación de las diversas voces y los diferentes actores políticos y sociales, el apoyo al florecimiento de radios comunitarias y de medios públicos y la transparencia y equidad en el otorgamiento de concesiones, situaciones actualmente deficitaria por la elevada concentración de las concesiones de radio y televisión.

Nos preocupa y no estamos de acuerdo con la campaña de descalificación al trabajo del Congreso, desatada por los empresarios de la radio y la televisión. Se trata de una campaña que falta a la verdad, que alienta el conflicto, que pretende generar temor, que poco contribuye a la creación de espacios de diálogo para avanzar en la democracia y en nada ayuda a generar confianza.

Reconocemos que los cambios constitucionales en materia electoral y la necesidad de modificar la legislación en materia de radio y televisión ofrecen en la legislación secundaria una oportunidad para profundizar la Reforma del Estado en estas materias y quisiéramos que en ella se incluyeran disposiciones precisas y contundentes sobre:

· La participación ciudadana en el proceso de selección de las y los nuevos consejeros electorales, de los o las responsables de la contraloría del IFE y del órgano de fiscalización de los partidos, de las y los magistrados del Tribunal Electoral y de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, a efecto de salvaguardar el carácter ciudadano y la autonomía de las autoridades electorales,

· La participación equitativa y paritaria entre hombres y mujeres,

· La reducción al 50% de los gastos en materia electoral, tanto por una disminución real a los presupuestos de los partidos como por cambios en la organización y administración de las instituciones que ejercen la autoridad electoral.

· El sujetar a los partidos políticos a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a al Información.

· El hacer más accesible la justicia electoral a los ciudadanos y a los militantes de los partidos.

· El avanzar en la democratización del acceso a concesiones y permisos en los medios de comunicación electrónica

Los y las firmantes quisiéramos encontrar en el Poder Legislativo - uno de los tres poderes constitucionales- un compromiso con la participación, el diálogo y la construcción de consensos entre la diversidad y pluralidad de actores sociales, políticos y económicos, con miras al fortalecimiento de la democracia mexicana.

Organizaciones

Comité Conciudadano para la Reforma Electoral,

Mesa Ciudadana de Medios

Asociación Mundial de Radios Comunitarias México, Artículo 19 Sección México, Incide Social A.C., Centro Nacional de Comunicación Social A.C., Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Comunicación Comunitaria A.C., Comunicación e Información para la Mujer A.C. CIMAC, Servicios para la Educación Alternativa - EDUCA-Oaxaca, Fomento Cultural y Educativo A.C., Alianza Cívica A.C., Infancia Común A.C., Red por los Derechos de la Infancia en México, Presencia Ciudadana Mexicana A.C., Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. Enlace y Comunicación A.C., Red por la Participación Ciudadana A.C. (Chihuahua), Asociación de Abogadas Chihuahuenses A.C, Enlace y Comunicación A.C, Chan Tza Can S.S.S. (Yucatán), Coorindación Nacional de Mujeres de Organizaciones Civiles "Por un Milenio Feminista", CEP- Parras (Coahuila), Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL), DECA Equipo Pueblo A.C., Servicios para la Paz A.C. SERAPAZ, Academia Mexicana de Derechos Humanos, Cátedra UNESCO de la UNAM, Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C. (Mexicali, BC), Centro de Desarrollo Humano y Comunitario, A. C., Desarrollo Comunitario y Cultural Ma nguhe, A. C., Revista Zócalo, Revista La Guillotina, Revista Generación, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, La Forja - Tasqueña, Frente Cívico Taxco, Comité Ciudadano de Ixtapan de la Sal, Red Ciudadana de Puebla, Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) , ADIVAC, Promoción de Servicios de Salud y Educación Popular, A. C. (PRODUSSEP), Cauce Ciudadano A.C , Comité Cerezo México, Dinamismo Juvenil A.C., Alianza Cívica - Chiapas (Chiapas), Católicas por el Derechos a Decidir A.C., Centro de Atención a la Mujer A.C. Chihuahua (Chihuahua) Centro de Economía Social Julián Garcés, A.C. (Tlaxcala), Empresarios de los Medios de Comunicación, Fundación Vision Mexico 2020 A.C.Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos:"Todos los Derechos para Todos y Todas": Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura, A. C. (Distrito Federal), Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal), Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jalisco), Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos "Miguel Hidalgo", A.C.(Jacala, Hidalgo.), Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal), Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Centro "Fray Julián Garcés" Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlaxcala.), Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.), Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas", A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chiapas), Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P.", A. C. (CDHFV)(Distrito Federal), Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", A. C. (PRODH)(Distrito Federal) Centro de Derechos Humanos "Don Sergio" (Jiutepec, Morelos),Centro de Derechos Humanos "Fray Matías de Córdova". A.C. (Tapachula,Chiapas), Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.), Centro de Derechos Humanos Ñu'u Ji Kandií, A. C. (Tlaxiaco, Oax.), Centro de Derechos Humanos Solidaridad Popular, A.C. (Monterrey, N.L.), Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, A. C., (Tehuantepec, Oax), Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Guanajuato.), Centro de Derechos Indígenas "Flor y Canto", A. C. (Oaxaca, Oaxaca.), Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chiapas), Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos, A. C.(Reynosa, Tamaulipas.), Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal), Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jalisco), Centro Diocesano para los Derechos Humanos "Fray Juan de Larios", A.C. (Saltillo, Coahuila), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Guerrero), Centro Regional de Derechos Humanos "Bartolomé Carrasco", A. C. (Oaxaca, Oaxaca), Ciencia Social Alternativa, A.C. - KOOKAY (Mérida, Yucatán), Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coahuila), Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC) (Monterrey, Nuevo León), Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C., (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chiapas),Comisión de Derechos Humanos "La Voz de los sin voz" (Cayuca de Benítez, Guerrero.), Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacan, A.C. (Tehuacan, Puebla.), Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua, Chihuahua.), Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Morelos),Comisión Intercongregacional "Justicia, Paz y Vida" (Distrito Federal), Comisión Parroquial de Derechos Humanos "Martín de Tours", A.C. (Texmelucan, Puebla), Comisión Regional de Derechos Humanos "Mahatma Gandhi", A. C. (Tuxtepec, Oaxaca.), Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (CDLI), (Palenque, Chiapas), Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal) Comité de Derechos Humanos "Fray Pedro Lorenzo de la Nada", A. C. (Ocosingo, Chiapas.), Comité de Derechos Humanos "Sembrador de la Esperanza". A. C. (Acapulco, Guerrero), Comité de Derechos Humanos "Sierra Norte de Veracruz", AC., (Huayacocotla, Veracruz), Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Colima.),Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tabasco), Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tabasco), Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Guanajuato), Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC (Tulancingo, Hidalgo), Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, A.C. Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.), Foro de Jóvenes con Liderazgo A. C,Infancia Común A.C, Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yucatán.), Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Guerrero.), Inglobal A.C., Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jalisco), Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, - Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jalisco.), Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana-Puebla (Puebla, Puebla), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Guanajuato), Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, San Luis Potosí.), Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tabasco), No Grupo (Jalisco)

Ciudadanos y Ciudadanas

Alma Rosa Alba de la Selva, Sergio Aguayo, Hugo Almada, Jorge Alonso, Silvia Alonso, Miguel Álvarez, John Ackerman, Ana María Argüelles, Juan Carlos Arjona Estévez, Rodrigo Ayala, Alberto Aziz Nassif, Miguel Bazdresch Parada, Laura Becerra, Selma Beraud, Kristian Bernal Moreno , Mario Bladimir Monroy Gómez, Carlota Botey, Laura Breña, Jaime Brito, Norma Bustamante Martínez, Aleída Calleja, Norma Castañeda Bustamante, Oscar Castro Soto, Alfonso Celestino Pérez, Guadalupe Cortes, J. Dionisio B. Cordova Tello, Yolanda Elia Calles, Susana Cruickshank, Carlos Cruz, Federico Campbell, Antonio Castañeda de Luna, Jaime Cuevas Mendoza , Gabriel Delgado, Alejandra Ezeta, Guillermo Fadanelli, Denise Dresser, Alfredo Figueroa, Felipe Fulop, Jesús Cantú, Sergio Cobo, Miguel Concha Malo, Héctor García, Magdalena García, Sergio García, Carlos Martínez Renteria, Karla Gónzalez, Martha Delia González Aguilar, Miriam Gomezcésar, Carolina Grajales Valdespino, Miguel Ángel Granados Chapa, Témoris Grecko Berumen, Aidé García, Paulina Gutiérrez Jiménez, José Luis Gutiérrez Román, Alicia Ibarguengoitia, Cuauhtémoc López, Marusia López, Carlos Heredia, Octavio Hernández Lara, María Teresa Jardí Alonso, Francisca Jiménez, Clara Jusidman, Flavio Lazos, Marcos Leyva Madrid, Sergio López Menédez, María López de la Rica, Irma Rosa Martinez, Paulina Mancebo Padilla, Andrea Márquez, Cristina Martín, José Manjarrez Medina, Rocío Mejía, Oscar Menendez, Delfina Montaño, Consuelo Morales, Maricarmen Morales, Mara Muñoz, Sara Murua, Rosario Novoa Peniche, Josefina Pataky, Miguel Ángel Paz, Carlos Pérez, Enrique Pérez, Ivette Pérez Medina, Laura Elisa Pérez, David Peña Rodríguez, Gerardo Pimentel , Luis Pineda, Felipe Posadas, Raúl Ramírez Baena, Gloria Ramírez, Nashieli Ramírez, Darío Ramírez Salazar, Héctor Ramos Aguilar, Leonel Rivero, Rosa María Ruvalcaba, Ana Saiz, Armando Salgado, Arturo Saucedo, José Guadalupe Sánchez, Gabriel Sánchez Díaz, Miguel Sarre, Irma Eréndira Sandoval, Brisa Solis, Víctor Suárez Carrera, Alma Soto, Maria Vallarta Vázquez, Juan Antonio Vega Báez, Elsa Villalpando, Jenaro Villamil, Alfredo Zepeda, Teresa Zepeda Torres, Carlos Zetina, Verónica Stern, Francisco R. Dávila, Ivabelle Arroyo, Isabel Sepúlveda, Augusto Chacón, Enrique Valencia, Joaquín Osorio, José Bautista, Rubén Alonso, Jaime Preciado.

Claves para mirar la reforma electoral, por Alfredo Figueroa

Las últimas semanas hemos vivido con intensidad la discusión en torno a la reforma electoral, que, como parte de la Reforma del Estado, ha venido a terminar con una sequía de más de once años en torno a las posibilidades sustantivas de modificar las reglas de la competencia política en México.

Sobre sus antecedentes y actuales controversias tratan estas líneas, cuyo propósito no es abonar en la construcción de una supremacía teórica o ideológica, entre otras cosas, porque existen buenas razones para afirmar que vivimos una pluralidad de modelos y orientaciones democráticas y porque rechazo la tentación de analizarle con fórmulas ideales del deber ser que se legitiman autoreferencialmente. En realidad, escribo desde la mirada que se construye a partir de la experiencia de quien ha participado en organizaciones civiles, instituciones electorales y ámbitos propiamente académicos, para pensar en el actual contexto los avances y retrocesos que se advierten en las modificaciones constitucionales que ha supuesto la reforma aprobada por el Senado de la República.

Antecedentes de la ciudadanización

La crisis política derivada de las elecciones de 1988 motivó el surgimiento de diversos grupos y organizaciones que pusieron en escena su interés político porque México transitara hacia un régimen democrático; esta postura resultante del fin del modelo de partido único propició también que dentro de las élites políticas se transitara de un discurso nacionalista y revolucionario a uno entonces pretendidamente moderno y democrático. Los acontecimientos sucedidos en el mundo, dividido entre fuerzas aparentemente contradictorias -cuyo símbolo es la caída del Muro de Berlín- situaron a México bajo la exigencia internacional, política y económica, de experimentar transformaciones en estos ámbitos. Nacieron así movimientos ciudadanos cuyo propósito era, entre otras cosas, la observación de procesos electorales y cuya expresión más acabada ocurrió en el proceso electoral del 21 de agosto de 1994.

La demanda sustantiva de aquellos grupos era la búsqueda de autonomía e independencia, que podía ser garantizada sólo a merced de la ciudadanización de los órganos electorales. El nacimiento del Instituto Federal Electoral fue producto, entre muchos otros factores, de identificar confianza institucional, legalidad y legitimidad democrática con grado de ciudadanización. La ciudadanización de los organismos electorales locales y federales fue y sigue siendo un proceso lento y dispar a lo largo del país, pero al menos desde su dimensión discursiva, tanto quienes se organizaban para hacer que México transitara a un régimen democrático, como aquellos que gobernaban producto de un sistema no democrático, asumieron el término de ciudadanización y un debate en torno a su contenido como una fuente de legitimidad pública y política. No debe pues identificarse ciudadanización con un movimiento generalizado de la sociedad mexicana, sino como un movimiento que incorporó actores políticos gubernamentales y no gubernamentales en el proceso de transformación democrática.

A partir de la reforma de 1996 se diseñó una institución que tuviese esencialmente dos grandes dimensiones: órganos directivos conformados por ciudadanos con independencia política de los partidos y del gobierno, y un órgano ejecutivo heredado del viejo régimen, cuya promesa de cambio estaba ligada a un proceso de profesionalización de servidores públicos.

El trasfondo del diseño aludido en torno al IFE, nace de la desconfianza que, por buenas razones, se tenía en la organización de las elecciones; así, buena parte de las prácticas institucionales que se desarrollaron tuvieron como eje la construcción de candados que impidiesen la manipulación de los resultados electorales: un padrón electoral con fotografía, estrategias de capacitación electoral que privilegiasen el azar en la selección de funcionarios de casilla, determinaciones electorales administrativas revisadas por ámbitos jurisdiccionales construidos para este propósito, y boletas electorales llenas de mecanismos que impidiesen su falsificación, entre muchos otros.

En la reforma de 1996 se produjo un consenso político entre intereses antagónicos que supuso, de tal modo, una institución electoral constitutivamente antagónica. El IFE fue la síntesis de contradicciones políticas, pero también una manera de procesarlas y resolverlas.

Cuando hablamos de una reforma electoral de tercera generación, de cara a la actual discusión, tenemos que ubicar la primera generación en el surgimiento del IFE en 1990 y la segunda en la aludida reforma de 1996, ambas enmarcadas por el nacimiento de la ciudadanización y la autonomía como fuentes del desarrollo institucional.

2007, el año de la reforma

Hasta ahora conocemos las modificaciones expresadas en una reforma electoral sólo a nivel constitucional. Desde las reformas hechas por el Senado a nueve artículos de la Carta Magna, es posible reconocer las orientaciones que la reforma implicará. Debe decirse que se trata apenas del principio, porque falta aún que sea aprobada por la Cámara de Diputados y por la mayoría de las legislaturas locales; y además, porque al estar la Constitución por encima de cualquier otra norma en México, de concretarse los cambios constitucionales deberán modificarse leyes, códigos y muy probablemente crearse nuevos cuerpos normativos y reglamentarios. Sólo entonces la reforma habrá concluido.

Antes de entrar al análisis puntual de los aspectos más relevantes de la reforma, cabe hacer una pregunta en apariencia inocente: ¿por qué existen hoy las condiciones que hacen posible la discusión sobre los grandes temas de reforma electoral en nuestro país? Se puede responder que se trata de unas reglas del juego absolutamente rebasadas por la realidad política y la competencia electoral, que trajo como consecuencia la crisis que las instituciones, el Estado mismo y la sociedad en su conjunto experimentaron en el proceso electoral 2005-2006.

Desde diversos espacios ciudadanos y prácticamente desde la conclusión del proceso electoral del 2000, muchas organizaciones, consejeros electorales locales y distritales, así como diversos trabajos de investigación, documentaron la necesidad de entrar a una discusión profunda en torno a la pertinencia de reformar la legislación en materia electoral, a lo que los partidos políticos, las instituciones del Estado y sus élites, incluido el entonces Consejo General del IFE, ofrecieron por respuesta que: seguramente había que hacer algunas adecuaciones que perfeccionaran una institución que había dado clara muestra de su capacidad para garantizar condiciones democráticas en la competencia política, pero que la alternancia en el poder Ejecutivo Federal, la ausencia de recursos de impugnación de los resultados electorales, e incluso el IFE tomado como modelo internacional en la organización de procesos electorales, producían una evidencia incombatible de su eficacia.

Al margen quedaron argumentos como las evidentes fallas en la estructura del servicio profesional electoral documentadas ampliamente, la intervención de dinero no fiscalizable en los procesos electorales, la presión política ejercida desde los poderes locales contra de las autoridades electorales, y el enorme esfuerzo invisible de muchas ciudadanas y ciudadanos mexicanos, cuya responsabilidad hizo posible los resultados electorales del año 2000, no al amparo de una legislación sólida, sino a pesar de claras insuficiencias en materia reglamentaria y normativa.

Las elecciones intermedias de 2003 y muchas experiencias electorales estatales volvieron a poner en evidencia un sistema electoral rebasado; por si esto fuera poco, los diputados no sólo dejaron intocada la Constitución y el Cofipe, sino que respondieron con el nombramiento de un consejo general que no fue producto de un acuerdo amplio entre las fuerzas políticas, y que, además, bajo el argumento de que el IFE era una institución consolidada, no puso especial énfasis en la experiencia de quienes asumían el cargo del máximo órgano de dirección del Instituto. Las principales fuerzas políticas no advirtieron las consecuencias de su decisión y de su incapacidad por llegar a acuerdos fundamentales para la gobernabilidad.

Aún cuando comparto algunas de las críticas que se formulan en torno al actual consejo general, pienso que las élites de los partidos políticos son, en muchos casos, altamente corresponsables de las deficiencias e insuficiencias que experimentamos en la elección anterior.

Sin esta larga aclaración, es difícil entender una propuesta ciudadana de reforma electoral como la formulada por el Comité Conciudadano y las orientaciones y contrastes que un planteamiento como éste tiene, tanto para quienes están en favor de la reforma, como para aquéllos que la descalifican.

Desde la perspectiva ciudadana

tenemos que celebrar ampliamente que exista siquiera la disposición para discutir un problema acallado y silenciado, porque contra lo que se piense, no ha sido parte importante de la agenda de partidos, gobiernos, medios y otros actores y poderes de facto en México desde hace un periodo importante de tiempo. Esta "democracia" adquirida por declaraciones sucesivas y enfáticas, no nos había dado la posibilidad de discutir con seriedad sus reglas.

La intervención del dinero

El elemento más importante de la reforma electoral está, sin duda, en la regulación de los medios de comunicación y de aquellos que gracias al poder económico pueden acceder a ellos. La prohibición expresa respecto a la intervención indebida de terceros, tanto de carácter público como privado, en la contienda, favoreciendo y perjudicando a los competidores, junto con la prohibición de hacer uso de tiempos comerciales para las campañas electorales, es un logro fundamental para el desarrollo democrático, porque atiende en parte uno de los problemas más importantes que hemos experimentado en los últimos años: el condicionamiento de los poderes públicos por élites económicas.

Dos aspectos adicionales quedan, sin embargo, marginados de modificaciones importantes en este mismo sentido, el primero tiene que ver con la poca significativa reducción del financiamiento público. Si bien es cierto que hay una importante reducción del financiamiento privado en las campañas electorales, que se han disminuido los tiempos de campaña y regulado las precampañas, lo cierto es que seguiremos destinando un alto presupuesto público para los partidos políticos, tanto en su vida ordinaria, como en las contiendas.

La reducción con la nueva fórmula constitucionalizada de determinar el presupuesto público a los partido políticos, sin considerar gastos especiales sino simplemente dos componentes de éste, esto es, financiamiento ordinario y de campaña, respecto de la fórmula actual de calcular el financiamiento público en estos dos rubros, generará un ahorro de apenas el 11 por ciento en el periodo 2008-2018 tomando como base las proyecciones más conservadoras, lo cual está lejos de satisfacer uno de los reclamos mas claros de la sociedad en su conjunto.

Otra dimensión relativa al tema dinero/elecciones, que constituye el retroceso más importante en esta materia, es la creación de un órgano técnico con autonomía de gestión al interior del IFE, que si bien plantea la eliminación del secreto bancario, fiscal y fiduciario para los procesos de fiscalización de los recursos otorgados a partidos políticos, transforma un órgano colegiado, con la presencia del órgano ciudadanizado del Consejo General -como es la Comisión de Fiscalización-, para volverle un órgano unipersonal y sin la presencia en la conducción de las investigaciones y del procedimiento de representantes del máximo órgano de dirección del IFE, que queda ciertamente como el órgano resolutor, pero que ya no forma parte procesal de la fiscalización. Esta es quizá, junto con la elevación a rango constitucional de que las autoridades electorales sólo podrán intervenir en la vida de los partidos en aquello que señalen expresamente las leyes, el elemento que provoca una de las mayores preocupaciones de la reforma, toda vez que favorece la opacidad en torno a los partidos políticos, ya que abre la puerta a posibles actos de impunidad en su vida interna, particularmente entre la militancia y la dirigencia.

El nuevo diseño institucional

El primer gran dilema que se formuló desde la perspectiva ciudadana en torno al IFE, y me refiero a la propuesta del Comité Conciudadano para la Reforma Electoral, fue plantear un nuevo diseño institucional a partir de la transformación de un órgano federal en un órgano nacional que se encargase de la organización de procesos electorales locales y federales. Las razones para rediseñar en estos términos la autoridad administrativa electoral estaban ligadas a reducir el costo de las burocracias electorales, dar integralidad al proceso de fiscalización, pero, particularmente, lograr que los poderes formales y fácticos en los estados de la República, no secuestrasen la independencia y autonomía de las autoridades electorales como lamentablemente ocurre en muchas entidades. La reforma plantea como posibilidad expresa el que el IFE se encargue, a petición de las autoridades en los estados, de organizar las elecciones; en este sentido existe sin duda un avance, pero no de la magnitud que requiere el sistema electoral mexicano.

La elección escalonada del máximo órgano de dirección del IFE constituye, a juicio de casi todos, un avance importante junto con la ampliación de un periodo de nueve años del mandato constitucional para ser consejero electoral. En los hechos, la salida de los actuales consejeros electorales se volvió uno de los aspectos más complejos a negociar entre las fuerzas políticas, particularmente por el discurso público asumido por el consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, que con el apoyo de algunos medios electrónicos logró posicionar la idea de que su salida representaba un golpe para la autonomía del Instituto, lo que constituye desde mi perspectiva un falso debate. Sin duda, la necesidad y la crisis política que México ha experimentado en materia electoral exceden con creces la relevancia de la permanencia o no, los aciertos o no, del consejero presidente del IFE, no abundo por ello en un debate que considero insustancial y en algún grado absurdo; sólo dejo dicho, en torno a lo expresado por otros analistas, que esta determinación no "ensombrece" la reforma.

Lo verdaderamente importante en este sentido, y que es condición para considerar un avance la reforma electoral, es la modificación del procedimiento por el cual se eligen a los consejeros electorales del consejo general. Si este procedimiento no se modifica para volverse público, transparente, con la intervención de organismos civiles, ciudadanos e instituciones académicas; si no se incorporan elementos como la entrevista y la comparecencia pública de quienes aspiren a este cargo, mantenemos el riesgo de que la conformación del máximo órgano de dirección del IFE se partidice, o que por lo menos se ponga en entredicho, por buenas razones, su independencia. Si este procedimiento no se hace de cara a la sociedad, mantendremos los riesgos y la tentación de controlar el instituto por esta vía. La reforma habla de una amplia consulta a la sociedad en torno al nombramiento de los consejeros como la única modificación procedimental, pero deja sólo a los grupos parlamentarios la facultad de proponer consejeros. Es fundamental normar en la legislación secundaria esa amplia consulta, combatiendo la tentación de hacer un procedimiento simulado.

Otro aspecto de la reforma que considero un retroceso es la creación de una contraloría en el IFE, nombrada desde la Cámara de Diputados a propuesta de instituciones académicas. A pesar de que se matizó la propuesta original, que otorgaba a la Cámara plena ascendencia sobre dicha contraloría, ésta podría ser usada, eventualmente, como un medio de control político sobre la autoridad electoral.

El IFE, que es por cierto una de las instituciones mas fiscalizadas, debe sin duda ofrecer mecanismos para la rendición de cuentas y los consejeros, como servidores públicos, no pueden ni deben estar exentos de evaluación y supervisión, sobre todo cuando al interior del instituto se experimenta una gran cantidad de desigualdades presupuestales, salariales y de infraestructura, deficiencias que a mi juicio pueden ser atendidas con modelos alternativos que no abran la puerta a la manipulación de sus determinaciones.

Si se concreta la contraloría del IFE nombrada por la Cámara, los demás órganos autónomos del país deberán ser homologados, es el caso de las universidades autónomas, los organismos no jurisdiccionales en materia de derechos humanos y otros.

Consideraciones finales

La reforma sigue viva y en medio de un muy importante e inédito debate, porque trastoca no sólo ya la vida institucional y la de los partidos, como en reformas anteriores, sino diversos ámbitos de la vida social y económica en México, porque pone el acento en ámbitos "prohibidos" en la discusión pública, como son la radio y la televisión.

Se trata, en todo caso, del primer andamiaje para la reforma, de la que falta ver, saber y desarrollar aún muchos elementos. El decreto original fue mejorándose sistemáticamente en la medida en que se discutió en el espacio público; el horizonte de la reforma parece ahora reconocer su agenda en la estructura específica en donde habrá de tomar vida el espíritu del planteamiento constitucional.

Tenemos razones para pensar que estas modificaciones constitucionales impulsan el cambio no sólo del modelo electoral, sino en buena medida, cambios futuros en el sistema de partidos; estamos así frente al principio de diversos cambios, por ello también frente al fin de muchas prácticas y condiciones políticas en México

En las semanas venideras veremos a las tres fuerzas mayoritarias debatiendo con los partidos políticos emergentes, quienes encuentran que la reforma pone en entredicho su propia existencia; en este marco habrá de discutirse también el tema de las candidaturas independientes, aspecto que la reforma ha marginado, constituyéndose en una de las asignaturas pendientes.

La reforma electoral enfrentará el embate desmedido de la radio y la televisión, industrias que harán uso de todos sus recursos y aliados para facturarle al Poder Legislativo, e incluso al Estado mismo, no sólo la pérdida que habrá de suponer la no compra de publicidad electoral y la relativa a los gobiernos locales y municipales para promover la imagen pública de los gobernantes, sino a su vez, la pérdida del poder político que de facto ejercían frente a partidos y gobernantes. Esto, para decirlo claro, apenas empieza.

Aún con sus defectos, esta reforma ofrece hasta ahora avances que no podemos desdeñar, empezando por el debate mismo. Falta entrar al tema de justicia electoral, que incluye no sólo al Tribunal sino a la Fepade, y abrir con fuerza la discusión de los medios de comunicación y todo lo que ello implica. Espero que los legisladores entiendan que sin una ciudadanización no simulada, serán incapaces de enfrentar sus muchas oposiciones, incluidas desde luego las que están bajo su propia piel. Espero que sean capaces de incorporar en esta reforma el peso de la historia.

Nosotros mientras tanto seguiremos utilizando la única arma que tenemos: la persuasión.

El autor es miembro del Comité Conciudadano para la Reforma Electoral

.Publicado en Enfoque de Reforma el 16 de septiembre de 2007.

Campaña de información ciudadana

LOS CONCESIONARIOS DE LAS ESTACIONES DE RADIO Y TELEVISIÓN Y SUS EMPLEADOS

NO DEFIENDEN A LA DEMOCRACIA

NO DEFIENDEN LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

NO DEFIENDEN LA AUTONOMÍA DEL IFE

NO SON VOCEROS DE LOS CIUDADANOS INDEPENDIENTES

SOLO DEFIENDEN:

SUS INTERESES Y SUS GANANCIAS

SU CONTROL SOBRE LO QUE SE DICE y DIFUNDE EN LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS

SU PODER PARA DECIDIR QUIEN NOS GOBIERNA COLOCANDO A SUS EMPLEADOS COMO SENADORES Y DIPUTADOS

ELLOS SON LOS QUE HAN NEGADO LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN A VOCES DISTINTAS A LAS SUYAS

SE HAN OPUESTO AL FUNCIONAMIENTO DE LAS RADIOS COMUNITARIAS Y DE LOS MEDIOS PÚBLICOS

SE NIEGAN A REDUCIR EL COSTO DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES OPONIÉNDOSE A LA DECISIÓN DEL CONGRESO DE LIMITAR LA TRANSMISIÓN DE ÉSTAS SÓLO A LOS TIEMPOS OFICIALES

ELLOS QUIEREN SEGUIR BENEFICIÁNDOSE DE CAMPAÑAS ELECTORALES COSTOSAS E INÚTILES

SE OPONEN A LA COMPETENCIA EN LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS, NEGÁNDOSE AL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES A OTRAS EMPRESAS

ELLOS SON LOS QUE LOGRARON PASAR LA LEY TELEVISA/AZTECA EN 7 MINUTOS EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y SE QUEJAN DE QUE LA REFORMA ELECTORAL SE HIZO CON APRESURAMIENTO

QUE NO NOS ENGAÑEN MEDIANTE SU CAPACIDAD PARA DIFUNDIR SU VERDAD A TRAVÉS DE SUS MENTIRAS

DEFENDAMOS NUESTROS DERECHOS A:

1. TENER DEMOCRACIA EN LOS MEDIOS,

2. LIMITAR EL PODER DE SUS DUEÑOS,

3. BAJAR EL COSTO DE LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS,

4. QUE NUESTROS IMPUESTOS SE USEN PARA BENEFICIO DE TODOS Y NO PARA AUMENTAR LA BOLSA DE LA ARISTOCRACIA MEDIÁTICA

NO LOS APOYEMOS EN EL REFERÉNDUM QUE PRETENDEN PROMOVER PUES ES SÓLO PARA DEFENDER SUS INTERESES Y SU BOLSA

COMITÉ CONCIUDADANO PARA LA REFORMA ELECTORAL Y
MESA CIUDADANA DE MEDIOS

Se aprobó el Proyecto de Decreto en la Cámara de Senadores

Fotografía tomada de la página del Senado de la república.

El día de ayer se aprobó en la Cámara de Senadores el Proyecto de Dercreto para modificar los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116, 122, 134 y 97 de la Constitución.

Después de un debate histórico, se aprobó el dictamen con algunas moodificaciones por 111 votos a favor y 11 en contra.

Ver dictámen completo.

Comunicado del Comité Conciudadano fechado hoy

EL COMITÉ CONCIUDADANO APOYA REFORMA PARA NUEVA RELACIÓN DE LAS FUERZAS POLITICAS CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

• El CCRE rechaza las presiones de quienes pretenden mantener sus intereses económicos

• Esta reforma debe significar menores recursos a los partidos políticos

• No es suficiente la fórmula propuesta para reducir el financiamiento

• El CCRE reitera exigencia para modificar modelo de elección de consejeros electorales

• Enérgico llamado al Congreso de la Unión para que den muestra de su compromiso con la autonomía y ciudadanización del IFE

• No se justifica la permanencia de los actuales integrantes del Consejo General del IFE

• Su salida debe ser al margen de negociaciones que impliquen arreglos obscuros y compromisos

El Comité Conciudadano para la Reforma Electoral expresa su más amplio apoyo a la propuesta de reforma constitucional que significa el establecimiento de un nuevo tipo de relación de las fuerzas políticas con los medios de comunicación y rechaza las presiones de los medios de comunicación electrónica que se arropan en la discusión sobre la renovación del Consejo General para defender sus intereses económicos.

La emancipación de los partidos políticos del poder de los medios de comunicación marca una reforma profunda que sólo cobrará sentido en la medida que represente procesos democráticos austeros y congruentes con la realidad de nuestro país. Y, hasta el momento, esto último no lo hemos visto materializado en la propuesta de reforma constitucional.

El Comité Conciudadano no encuentra correspondencia entre la supuesta voluntad de hacer menos oneroso el costo de la vida política del país con la fórmula planteada para el cálculo de los presupuestos partidistas.

Los partidos mayoritarios propusieron en principio que se aplique el 70% del salario mínimo por el número de integrantes del padrón (no la lista) electoral. Un segundo planteamiento de los senadores lo redujo a 65% pero aumenta de 1.5 a 3% el porcentaje para gastos específicos. El primer planteamiento no reduce el presupuesto total de los partidos (considerando gastos ordinarios y de campaña) en más de 12%, si se hace una proyección al año 2012. Y con los 5 puntos porcentuales menos, el ahorro sería de 200 millones de pesos adicionales pero no precisaron el impacto del incremento en las actividades específicas. De cualquier forma, el ahorro se encuentra muy lejos de lo anunciado por los legisladores.

La propuesta del CCRE señala que para reducir en 50% el gasto de los partidos políticos, se multiplique el número de integrantes de la lista nominal por el 10% del salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

El Comité Conciudadano desea recordar a la opinión pública que su propuesta de reforma electoral incluye una serie de aspectos más que propiciaría economías de diverso tipo. Uno de ellos tiene que ver con la creación del Instituto Nacional Electoral, que se encargue de realizar tanto elecciones federales como locales; lo mismo que un Tribunal Nacional, con las mismas características. Otra de las propuestas se refiere a la desaparición de las juntas ejecutivas de los consejos locales y distritales, para que sean las instancias ciudadanas las que tengan la responsabilidad permanente en la estructura institucional.

La consulta del texto completo de la propuesta ciudadana de reforma electoral se puede realizar en la página http://www.comiteconciudadano.blogspot.com/

Por otra parte, ante el debate nacional sobre la conformación del actual Consejo General del IFE, el Comité Conciudadano para la Reforma Electoral demanda que el Congreso de la Unión considere la pertinencia de modificar sustancialmente el método de elección de las y los consejeros, a efecto de salvaguardar el carácter ciudadano de la autoridad electoral. De no hacerlo, advirtió, existe el riesgo de que se repitan las lamentables consecuencias que se derivaron de la generalizada percepción de ilegitimidad con que nació el actual árbitro electoral y la desconfianza que ello, junto con su bajo perfil y relativa experiencia en procesos electorales, generó en algunos de los principales actores políticos, expertos en la materia, consejeros locales y distritales, el propio personal del IFE y la ciudadanía informada.

Los integrantes del CCRE hacen un enérgico llamado a las y los legisladores para que, eliminando de la Reforma cualquier posible intento de subordinación de la autoridad electoral, los partidos políticos den muestra fehaciente de su voluntad política y compromiso con la autonomía y ciudadanización del IFE, y hagan posible la reforma constitucional que establezca un método abierto y transparente, con la participación de la sociedad civil, para la elección de las y los consejeros electorales, las y los magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral y el o la fiscal para la atención de delitos electorales.

Reconociendo que ni las condiciones de su nacimiento como Consejo General en 2003, ni su desempeño en el proceso del 2006 justifican su permanencia como autoridad electoral, el Comité Conciudadano propone que se sustituya a todos sus integrantes pero sobre la base de un procedimiento alternativo, de amplia participación de la sociedad y que garantice el carácter ciudadano de su órgano de dirección.

No hacerlo de esa forma significará una mayor partidización del IFE, la cual comenzó en el año 2003 y parece continuar a través de diversos aspectos de la reforma constitucional que se discute en el Senado. Ello constituiría una gravísima regresión a tiempos que creímos ya superados, con la diferencia de que ahora serán tres partidos los que dejen al margen a la sociedad.

El Comité Conciudadano rechaza tajantemente que en este momento de la vida de la institución sea la movilidad de sus integrantes la que ponga en riesgo la autonomía e independencia del IFE. El entonces Comité Conciudadano de Seguimiento del Proceso Electoral documentó en diversos momentos de 2006 acciones y omisiones que representaron riesgos para el desarrollo civilizado y democrático de la elección, algunas de las cuales fueron señaladas también por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tanto en resoluciones diversas como en su calificación final de la elección presidencial.

El desempeño del Consejo General fue resentido de manera directa e importante por consejeros locales y distritales, varios de ellos miembros de este Comité, quienes padecieron las consecuencias de algunas de sus decisiones y errores y, en casos relevantes, una total falta de apoyo.

Este Comité Conciudadano también exige que la salida del actual Consejo General se realice de manera institucional, al margen de cualquier tipo de negociación que implique compromisos y arreglos obscuros, otra vez, de espaldas a la Nación y en perjuicio del erario público, que es dinero de todos los mexicanos.

De igual forma, el CCRE lamenta la obstrucción, derivada del proyecto de reforma constitucional, al interés legítimo y al acceso de los ciudadanos al sistema de impugnaciones y justicia electoral.

El Comité Conciudadano reitera la exigencia para que el Congreso de la Unión establezca diálogo con la sociedad civil y escuche las voces de ciudadanos y ciudadanas independientes de los partidos políticos, en este proceso de reforma electoral

EL COMITÉ CONCIUDADANO PARA LA REFORMA ELECTORAL

Alberto Aziz Nassif Alberto Olvera Alfredo Figueroa Ana Saíz Brisa Maya Carlos Pérez Clara Jusidman Daniela Griego Denise Dresser Elio Villaseñor Ernesto Isunza Francisca Jiménez Gabriel Sánchez Hugo Almada Irma Eréndira Sandoval Miguel Concha

Jesús Cantú John Ackerman Jorge Alonso Kristian Bernal Marcos Leyva María Isabel Martínez Miguel Basáñez Miguel Bazdresch Marusia López Octavio Hernández Rafael Reygadas Rosa María Rubalcava Sergio Aguayo Silvia Alonso José Antonio Crespo Flavio Lazos

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